¿Quién le hizo qué a quién? 102 Pero en la situación política de ese momento, los oficiales del ejército optaron por reaccionar de manera diferente. Frente a la publicación de dichas tablas, los Generales René Emilio Ponce y Juan Orlando Zepeda, Ministro y ViceMinistro de Defensa respectivamente, demandaron a la CDHES por difamación el 3 de diciembre de 1992. A mediados de marzo de 1993, doce oficiales más se habían unido a la demanda. El pleito fue cosa seria. Se hicieron acusaciones personales contra tres miembros de la CDHES y otros seis líderes de la federación sindical UNTS. Si se les declaraba culpables, tendrían que ir a la cárcel. El 18 de diciembre de 1992 los demandantes exigieron que las cortes ordenaran la detención de los acusados. Las cortes se negaron a hacerlo. La CDHES llegó al tribunal con informes que explicaban cómo se habían calculado las estadísticas. El 8 de diciembre de 1992 llevaron también los cerca de 164 affidávits tomados durante la guerra en apoyo a las declaraciones sobre 500 violaciones de derechos humanos de diversa índole contra Ponce y Zepeda, los dos primeros demandantes. La CDHES mantuvo, no que esos affidávits constituyeran prueba de que los generales habían cometido los crímenes en cuestión, sino que si la corte los investigara, encontraría que los crímenes sí habían sido perpetrados. Según la Constitución de El Salvador, es responsabilidad de la corte investigar los casos. La corte se negó a investigar, y se negó una vez más tras una nueva solicitud el 11 de febrero de 1993. Pero entonces cambió la corriente. En medio de una tempestad de acusaciones por parte de la derecha, la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas publicó su